Viviendo en la calle por culpa del Gobierno Vasco

El Gobierno vasco lleva 3 años congelando las ayudas sociales

El pasado jueves 1 de febrero, varias plataformas contra la exclusión social y por los derechos sociales se concentraron a las puertas del Gobierno Vasco bajo el slogan “viviendo en la calle por culpa del Gobierno Vasco” para denunciar que durante tres años se han congelado las ayudas sociales destinadas a garantizar el acceso a la vivienda de las miles de personas en situaciones de exclusión social, desempleo o con trabajos en precario que viven en nuestra comunidad. Para hacer visible esta realidad instalaron 4 camas a las puertas de la Delegación del Gobierno Vasco de Bilbao.

Con esta acción quisieron evidenciar que la actual política social del Gobierno Vasco no responde a las necesidades reales de la población. Así, y según el reciente informe elaborado por el Consejo Económico y Social (CES) –órgano consultivo formado por la patronal, los sindicatos, Cajas de Ahorro, Cámaras de Comercio y la Universidad del País Vasco- titulado "La Protección Social como elemento clave de la política social de la UE y de la CAPV" señala que “el modelo de protección social existente en la CAV difiere de aquel en el que gran parte de los servicios sociales son provistos por el sector público, como ocurre en los países más avanzados de la UE, y, así, el gasto en prestaciones sociales de la CAV es bajo y decreciente”. Concretamente, el estudio constata que el gasto en protección social, medido como porcentaje del PIB, descendió del 20% de 1995 hasta el 19,2% en el año 2003. Una estadística que coloca a Euskadi por debajo, no sólo de la media europea (28,3%), sino también de la estatal (19,7%). No en vano, sólo Irlanda presenta peores resultados que la CAV en este ámbito.

Además, recordaron al señor Joseba Azkarraga, consejero de Justicia, Empleo y Seguridad, que según este informe se constata que 4.000 familias sufren situaciones de extrema pobreza careciendo de ingresos de subsistencia y de patrimonio de ningún tipo y es que el 6’2% de las familias vascas viven situaciones de pobreza: 45.804 familias o 119.895 personas. A estas escalofriantes cifras debemos añadir que el 23’6% -175.390 familias, 412.963 personas- de los hogares vascos padecen lo que se denomina “ausencia de bienestar”, es decir “la disponibilidad de ingresos potencialmente insuficientes para hacer frente a los gastos necesarios para mantener los niveles de bienestar y comodidad esperados”. Por otro lado, cabe señalar que el Banco de Alimentos repartió 3.200 toneladas de comida el año pasado entre 629 instituciones sociales y 45.000 personas. En sus conclusiones finales el CES señala que los principales retos de la protección social son los de garantizar una renta adecuada y una vivienda digna para lo cual la protección social ha de verse como un derecho universal de mínimos”, complementándose con prestaciones específicas para las personas más necesitadas.

Por eso, las plataformas contra la exclusión social exigieron la puesta en marcha de las siguientes medidas que permitirán garantizar a todas las personas y familias residentes en el País Vasco sus necesidades más básicas, para lo cual:

1. Se han de eliminar los topes máximos establecidos por el “Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social” para la percepción de las AES. Hay que señalar que durante tres años se ha visto congelado en 280 euros/mes el límite máximo a percibir por las familias para hacer frente a los gastos de alquiler o créditos hipotecarios cuando la media de un alquiler en la CAV es de 793 euros al mes –Estadística De Oferta Inmobiliaria (III Trimestre 2006)-. Cuantía máxima, por cierto, que muchos ayuntamientos rebajan a su vez, así el Ayuntamiento de Bilbao, y desde hace 4 años, concede una ayuda de 180 euros/mes para garantizar el acceso a la vivienda.
2. El “Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales” ha de implicarse de forma decidida en la creación de una amplia y suficiente oferta de vivienda pública en alquiler de forma que todas las personas tengamos garantizado el acceso a la vivienda (cuyo pago nunca podrá superar el 15% de los ingresos de la unidad familiar).

La falta de un presupuesto suficiente para las Ayudas de Emergencia trae como consecuencia que miles de familias en paro, con contratos en precario o pensiones miserables no vean cubiertas sus necesidades básicas. El Gobierno Vasco deberá explicar a la opinión pública, y más en concreto a las familias más desfavorecidas de nuestra comunidad, cómo es posible su actual política social que no garantiza el que las familias vascas cubran sus necesidades más básicas.

PLATAFORMAS CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL:
Elkartzen, Txiroekin Bat Eginik (Gasteiz), Argilan (Bilbao), Berri-Otxoak (Barakaldo), Asambleas de Parad@s de Barakaldo y Sestao, Danok Lan (Galdakao), Mailuketa (Sestao).